En este 1º de mayo es muy recurrente hablar del aumento del desempleo o del vertiginoso retroceso que están sufriendo las condiciones laborales. Pero como esos temas son tratados a diario, las siguientes líneas las quiero dedicar a otra cuestión. El uso y abuso de los ideales políticos en el marco laboral. Y sin duda, la mayor muestra de ese abuso en España se produjo entre los años 1936 a 1976.
Desde el inicio de la sublevación militar, en julio del 1936, se persiguió tanto a los sindicalistas como a todo trabajador fiel al gobierno de la Segunda República. El 13 de septiembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional declaraba fuera de la Ley a todos los partidos y agrupaciones políticas que integraron el Frente Popular, y a todas los sindicatos y organizaciones que se hubieran opuesto a la sublevación militar. Dos meses más tarde, por Decreto Ley, se establecían las reglas para separar del servicio a cualquier funcionario considerado no afín al régimen. El 17 de agosto de 1937 se hacía extensivo el decreto anterior a las empresas privadas, asegurándose así la subordinación y el control de todos los trabajadores.
Los primeros en sufrir la depuración fueron los funcionarios de la administración, ayuntamientos y diputaciones, dejando en activo solamente el personal de plena confianza del régimen, que se convirtieron en ejecutores fieles de las directrices del nuevo gobierno.
El colectivo que sufrió una depuración más exhaustiva fue el de la educación. Los maestros fueron acusados de infundir el veneno de la República en los estudiantes, atribuyéndoles gran parte de la culpa de la situación del país. El número de maestros sancionados se aproximó a los 20.000, casi el 40 % del profesorado.
Pero el sector donde más trabajadores se vieron afectados fue el ferrocarril, a causa del gran número de empleados de este sector, más de 100.000 fueron investigados de los que 60.000 ferroviarios fueron encausados…
El gran volumen de ferroviarios a investigar saturo al gobierno que en septiembre de 1939 transfirió las competencias depuradoras desde la Jefatura Militar a las distintas compañías ferroviarias. La Compañía del Oeste, al quedar su red ferroviaria dentro del territorio controlado por los sublevados, fue la primera en depurar sus trabajadores, sirviendo de guía para el resto de compañías, que a pesar de seguir procedimientos y criterios independientes no variaba mucho unas de otras.
La documentación tramitada durante estos expedientes depuradores comprendía desde la declaración jurada, que debía realizar el empleado ante su compañía ferroviaria, contestando a toda una serie de preguntas relacionadas con la actividad del trabajador durante el período de guerra, pasando por los informes realizados sobre el encausado por la propia compañía, por las fuerzas de seguridad, ayuntamientos y las jefaturas locales de Falange, incluso en algunas compañías requerían informe de la iglesia y finalmente se complementan los expedientes con los escritos de descargo, redactados por el propio empleado.
El grado de represión laboral llego a extremos de considerar como causa suficiente para ser depurado “la pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional no lo hubiera hecho”.
La limpia no se limitó a los trabajadores en activo también unos 1.000 pensionistas se vieron afectados por el proceso. Algunos fueron jubilados como sanción y otros tuvieron que rendir cuentas por su actuación durante el conflicto armado.
En cuanto a las sanciones impuestas variaban desde las más duras como el cese total de la empresa o jubilación forzosa a otras como traslados de residencia, descenso de categoría laboral, inhabilitado para ocupar determinados cargos, postergación de ascensos, etc…
El 26 de enero de 1940 se promulgo la ley sobre Unidad Sindical, que establecía que empresarios y trabajadores se integrarían en una única organización sindical, a la CNS (Central Nacional Sindical), estaba bajo el mando de F.E.T. y de las J.O.N.S y forzaba a todo trabajador a afiliarse.
En 1941 al fundarse Renfe, producto de la unión de todas las compañías ferroviarias, el proceso depurador continuo su curso durante toda la década de los 40, se unificaron los criterios y métodos de actuar. El principal cambio fue la mayor benevolencia a la hora de aplicar las sanciones, a causa de los serios problemas de personal que estaban originando los despidos y traslados forzosos.
Ya en el año 1951 el gobierno autorizó a Renfe a reabrir los expedientes de los trabajadores que habían sido despedidos y solicitaran el reingreso. Esta medida quedaba muy lejos de un perdón general, ya que de los tan solo 4.417 trabajadores que pidieron revisión de su expediente, solamente se admitió el reingreso a 1.925 ferroviarios.
Seria ya en 1964 con “el perdón general de los 25 años de paz” y en 1977 con la Ley de Amnistía cuando se intentó devolver los derechos laborales perdidos, pero lamentablemente, en muchos de los casos, ya era tarde.
A esta situación de represión, producida por la imposición de la ideología de los vencedores la Guerra Civil, tenemos que añadir la precariedad laboral en un marco de escasez generalizada, de un país roto. Donde muchos trabajadores vieron frustrada su trayectoria laboral, por no coincidir con las ideas políticas de los gobernantes del momento.
Ignacio Gracia Cortes
Fuente: FFE Fundación Ferrocarriles Españoles
